La Comisión Europea sigue de cerca las retenciones que generan pérdidas y retrasos a los profesionales del transporte en la frontera de Biriatou. La comisaria de Transportes, Violeta Bulc , es consciente de las pérdidas que ocasiona y “tomará medidas si encuentra justificaciones para ello”. Bulc se declara “conocedora y concernida” por el problema, y recuerda que “con arreglo al artículo 134 del CAU, las mercancías introducidas en el territorio aduanero, a partir de su introducción, se hallan bajo vigilancia aduanera y podrán ser objeto de controles aduaneros, de conformidad con su artículo 46. No obstante, en el territorio de la Unión Aduanera, las mercancías se encuentran en libre práctica y no están sujetas a ningún control aduanero”.

La política eslovena responde a una pregunta formulada por la eurodiputada vasca Izaskun Bilbao . “La concatenación de controles aduaneros, restricciones de tráfico en días festivos y protestas, y manifestaciones como las de los chalecos amarillos, han agravado la situación que se vive en la frontera entre España y Francia en el paso por carretera en Biriatu”, asegura en la interpelación parlamentaria.

Bilbao se hace eco así de las quejas de varias asociaciones, como Fenadismer o Guitrans, y recuerda que, según datos del Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi , en los últimos cinco años se han producido retenciones en el 51 % de los días, sumando 2.341 horas de retención. “Los datos que describen la situación son alarmantes”, asegura. En este tiempo, la máxima retención llegó a alcanzar los 25 kilómetros, con una media de 4,3. Los profesionales perdieron una media de 3,6 horas y el sobrecoste originado alcanza los 400 millones de euros. Por este paso circulan a diario 10.484 camiones y que en una hora de retención se pierden 55 euros por vehículo.

A la vista de estos datos y al carácter transfronterizo del problema, la europarlamentaria ha pedido la intervención de la Comisión, y apunta la posibilidad de que se esté incumpliendo la normativa comunitaria. Bulc le responde que Bruselas permanece atenta a “cualquier acción que pueda poner en peligro la libre circulación de mercancías en la UE, que es un principio básico de los Tratados de la UE”. También reafirma que “es plenamente consciente de los daños económicos y sociales que esta congestión puede causar a expedidores, transportistas y a la economía en general”, y asegura que “tomará medidas siempre que ello esté justificado”.